La tensión política en Tamaulipas ha escalado a niveles críticos. En el centro de la tormenta aparece el Grupo Carmona, señalado en el ambiente político como el actor que busca llevar a prisión a Carlos Peña Ortiz, alcalde de Reynosa, conocido como “Makito”, con un objetivo claro: cerrar el paso a Maki Esther Ortiz en su ruta hacia la candidatura a la gubernatura.
La jugada no sería menor. La presión se habría extendido directamente contra el alcalde y también contra jueces, en un escenario donde la justicia se convierte en campo de batalla y los expedientes se transforman en armas políticas. El mensaje es uno solo: control total, cueste lo que cueste.
El golpe no apunta solo a una persona, sino a desarticular todo un proyecto político, debilitando, desacreditando y sacando del juego a quienes representan un obstáculo para intereses de poder que buscan imponer condiciones antes de que arranque formalmente la contienda electoral.
Además, se señala que el Grupo Carmona ha estado amenazando a jueces, lo que incrementa la gravedad de la situación y pone en entredicho la independencia del Poder Judicial.
En medio de este clima, no ha pasado desapercibido que en los últimos días Carlos Peña Ortiz se encuentre en la Ciudad de México, donde se le ha visto en dependencias del Poder Judicial. La pregunta se repite con fuerza en los pasillos políticos:
¿Está enfrentando la presión directamente? ¿O se está moviendo una ofensiva mayor desde los tribunales?
Mientras no hay posicionamientos oficiales, la inquietud crece. Cuando jueces son presionados y la política entra a los juzgados, la democracia entra en zona de riesgo.
