– El edil de Reynosa afirma que desde hace años ha advertido sobre presuntos nexos de algunos prestadores de servicios con delitos graves
Por: Pedro Aparicio Gallegos
Reynosa, Tamaulipas; 7 de octubre de 2026.
La contratación de proveedores por parte del Congreso de Tamaulipas debe ser revisada, consideró el Alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, quien aseguró que durante los últimos cinco años ha señalado la presunta participación de personas relacionadas con la delincuencia organizada en la prestación de servicios al Poder Legislativo.
El edil hizo estos señalamientos al referirse a la actuación de algunos diputados que, dijo, han buscado intervenir en temas relacionados con la fiscalización de los municipios.
Peña Ortiz sostuvo que las funciones de vigilancia financiera corresponden a los órganos fiscalizadores y no directamente a los legisladores, al tiempo que defendió la actuación de las instancias que han revisado las cuentas y operaciones del Gobierno de Reynosa.
“Los diputados no son entes fiscalizadores. La Suprema Corte ha dictado que los congresos no son auditores, no fiscalizan y no es su función”, afirmó.
Sin embargo, el Alcalde centró buena parte de sus críticas en las contrataciones realizadas por el propio Congreso estatal. Aseguró que algunos proveedores de servicios que han trabajado para el Poder Legislativo estarían presuntamente relacionados con delitos como extorsión, secuestro y homicidio.
Según su versión, algunas de estas personas habrían participado en tareas de seguridad y atención durante eventos del Congreso, incluida la recepción y ubicación de asistentes.
El Presidente Municipal cuestionó que, pese a que estos presuntos vínculos habrían sido denunciados anteriormente, los proveedores señalados continúen prestando servicios al Poder Legislativo.
“No hay excusa que el día de hoy sigan con ese tipo de proveedores de servicios dentro del Congreso”, expresó.
Los señalamientos realizados por el Alcalde no constituyen por sí mismos una determinación de responsabilidad.
Corresponde a las autoridades competentes investigar las acusaciones, verificar la identidad y antecedentes de los proveedores mencionados y, en su caso, establecer si existieron conductas ilícitas o irregularidades en los procesos de contratación.
El pronunciamiento de Peña Ortiz plantea así la necesidad de revisar los mecanismos de contratación y supervisión utilizados por el Congreso de Tamaulipas, al tiempo que abre un nuevo punto de confrontación política entre el Gobierno de Reynosa y el Poder Legislativo estatal.
